LOS CAMINOS PARA UN PUEBLO (MÉXICO) TRAICIONADO POR SU
GOBIERNO
(Primera Parte)
Por Arturo Mascherpa
Los recientes eventos de índole política, específicamente
las Reformas Estructurales propuestas por el Ejecutivo Federal y avaladas por
el Legislativo, han provocado en México un gran rechazo, no siempre manifiesto
a cabalidad en las calles, de amplios sectores de la población, los que sin
embargo, se mantienen atentos y esperando una oportunidad ya sea para
participar en los escasos canales abiertos o para generar otros nuevos, ante la
reticencia, cerrazón e intolerancia gubernamental. Y es que el proyecto
neoliberal no es nuevo ni avanza sobre un camino sin previa “pavimentación”,
sino que reformas anteriores ya han allanado el camino, que a los ojos de la
historia, se vislumbra como un proceso de avance sistemático que va en
crecimiento, desde las privatizaciones en los gobiernos de Miguel de la Madrid
y Salinas de Gortari, hasta las adecuaciones legales de Vicente Fox y Felipe
Calderón, pasando por el no menos sombrío régimen de Zedillo.
Las fallas de nuestra “democracia”, conocidas de sobra en
sus límites y sus efectos, han mantenido a la población como meros espectadores
sin posibilidades reales de participación, en escasos espacios no vinculantes
respecto a las decisiones gubernamentales, donde el sistema político se decanta
dentro de una partidocracia cerrada y proclive a defender intereses que poco o
nada tienen que ver con el bienestar general, al grado de que la definición
jurídica de los diputados y senadores como “representantes del pueblo”, se ha
convertido en la gran mentira de la vida pública nacional: representan todo,
menos los intereses del pueblo. Esta realidad, vivida día a día, padecida
sexenio tras sexenio sin visos de cambios reales que sean favorables a los
intereses nacionales, pese a los cambios en cuanto a personajes que parecen
estar cortados con la misma tijera, cobijados por intereses políticos y
sobretodo económicos, y que responden de igual manera a esos mismos intereses,
que son normalmente ajenos al interés nacional, nos hacen pensar en una
democracia de mafia, que conforma un gobierno de mafia, donde los candidatos a
puestos de elección popular, deben pasan por filtros que aseguren la lealtad,
no a aquellos que los votan, sino a aquellos que los promueven desde dentro y
desde fuera de sus partidos. El voto, sinceramente hablando, lo han convertido
en el “aval” legal, en el legitimador para sus fechorías y traiciones. Esta
visión, que no contrasta con la realidad, sino que surge de experimentar esa
realidad, nos lleva a cuestionarnos no sólo los aspectos de nuestra democracia,
sino a formular una evaluación de sus efectos dentro la vida de la nación,
tanto por la legitimidad artificial como representantes del pueblo (en los
hechos), como por la legitimidad de sus decisiones políticas, jurídicas y
económicas. ¿Resulta válido pues, que las decisiones de un presidente, diputado
o senador, aún siendo electo por el pueblo, pero que llegó a la candidatura por
responder a intereses mezquinos, sean legítimas si son contrarias al interés
popular? Resulta obvio que no, que el voto que lleva a un político a posiciones
de poder, le sirva de aval para usar ese poder en contra de quienes lo votaron.
A esto, aquí y en China -como se dice popularmente-, se le llama TRAICIÓN. Y si
la traición es de carácter nacional, que afecta a todos, al Estado mismo,
entonces es traición a la Patria. Para que lo entiendan los priístas: EL HABER
SIDO VOTADO, NO ANULA EL DELITO DE TRAICIÓN.
Sin embargo, las opciones que actualmente nos quedan como
pueblo pera impedir, o en su caso revertir una decisión gubernamental nociva a
la nación, o son muy ambiguas, como en el caso del Art. 39 const., o son
limitadas, como es el caso del Art. 35 const. Ellos, los gobernantes, se han
ido encargando a lo largo de los últimos sexenios, no sólo de allanar el camino
para una traición mayúscula, sino de petrificar o de revertir cualquier
iniciativa que pudiera dar poder a la gente en el sentido de cambiar tanto una
decisión gubernamental, como de castigar a los responsables; todo ha sido
premeditadamente diseñado para proteger al gobierno y sus decisiones en todos los
ámbitos de la vida nacional, e inclusive, desde el marco de las repercusiones
internacionales. Se trata de una dictadura disfrazada que sólo es posible
descubrir a la luz de sus hechos, no por su discurso ni por las leyes, las que
felizmente violentan ya que han minado toda respuesta efectiva del Estado
otorgándose ellos mismos, desde el sistema de justicia, una casi total
impunidad.
Pero ¿qué puede hacer un pueblo malinformado, enajenado e
ignorante contra un Estado entreguista que se “legitima” por la mentira, la
corrupción y en su caso, por la fuerza pública? ¿qué puede hacer el ciudadano
de a pie más allá de la indignación, el pataleo y los gritos en la calle? La
verdad, es que muy poco, porque no está organizado, porque los causes legales
representan más una burla, “atole con el dedo”, que verdaderos mecanismos de
participación y cambio.
Este triste panorama nos debe dar una lección: LOS CAMBIOS
QUE PERMITAN EL CAMBIO VERDADERO, NO PUEDEN PROVENIR DE LOS QUE SE HAN MONTADO
EN EL SISTEMA de manera ilegítima, es decir, no pueden provenir ni del Congreso
ni del Ejecutivo actuales: no pueden generarse desde un gobierno de mafia. Si
bien es cierto, pueden generarse desde un gobierno de mafia muchos cambios
positivos, pero jamás van a tocar aquello que les representa la continuidad en
el poder, y para un gobierno cuyo poder no emana del pueblo ni es para el
pueblo, sino que emana de arreglos traidores con el extranjero y con las
oligarquías locales, y es para dar satisfacción a todo el conjunto ya
determinado como una mafia. Es entonces cuando nos damos cuenta de la gran
falacia de que “vivimos en una democracia”; de que el pueblo por sí sólo no
tiene los instrumentos ni políticos, ni legales, ni económicos, ni
organizacionales para defender sus intereses (a no ser de una revolución
armada, de imprevisibles consecuencias y alto costo social). Lo que queda, es
pues armar el rompecabezas con lo poco que hay:
- Nuestra Carta Magna.- rescatar todo aquello que pueda servir para formular un documento base donde se establezcan las vías legales para la defensa de la soberanía (derogación de los cambios a los Art. 27 y 28 const.) y la consolidación de la democracia (modificación del Art. 35 const.), sin dejar de lado la formulación de la denuncia por traición a la Patria a todos aquellos que directa o indirectamente han contribuido al proyecto privatizador de Peña Nieto.
- (continuará en la segunda parte....)
